{"id":35945,"date":"2026-11-13T10:00:00","date_gmt":"2026-11-13T09:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.esafrica.es\/?p=35945"},"modified":"2026-11-13T12:00:29","modified_gmt":"2026-11-13T11:00:29","slug":"chad-abandona-la-corte-penal-internacional","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.esafrica.es\/fr\/politica-geopolitica\/chad-abandona-la-corte-penal-internacional\/","title":{"rendered":"Chad abandona la Corte Penal Internacional"},"content":{"rendered":"\n

A mediados de julio, el Gobierno chadiano anunciaba sus planes de retirarse de la Corte Penal Internacional<\/a> (CPI), cuestionando la eficacia del organismo y la desigual aplicaci\u00f3n de sus mecanismos. La decisi\u00f3n fue formalmente notificada al secretario general de Naciones Unidas<\/a> el 27 de julio de 2026 y, conforme al Estatuto de Roma<\/a>, no ser\u00e1 efectiva hasta un a\u00f1o despu\u00e9s. El movimiento de Yamena<\/a> adquiere adem\u00e1s una dimensi\u00f3n particular por su proximidad con la guerra de Sud\u00e1n. Chad comparte una extensa frontera con Darfur y se ha convertido en un actor relevante tanto para la recepci\u00f3n de refugiados como para las din\u00e1micas regionales generadas por el conflicto. Al mismo tiempo, las autoridades chadianas afrontan acusaciones sobre el supuesto uso de (RSF, por sus siglas en ingl\u00e9s).<\/p>\n\n\n\n

Estas acusaciones han cobrado mayor relevancia a medida que la CPI profundiza sus investigaciones sobre los cr\u00edmenes cometidos durante la actual guerra en Darfur. En diciembre de 2025, una organizaci\u00f3n de la sociedad civil sudanesa lleg\u00f3 a presentar ante la Corte un se\u00f1alamiento contra altos responsables chadianos por una posible complicidad en cr\u00edmenes internacionales, aunque hasta el momento este no ha derivado en la apertura de una investigaci\u00f3n.  <\/p>\n\n\n\n

La Corte Penal Internacional fue creada en 1998 con el objetivo de juzgar a individuos por cr\u00edmenes de guerra, cr\u00edmenes contra la humanidad, genocidio y agresi\u00f3n. Este act\u00faa cuando los sistemas judiciales nacionales no tienen capacidad de juzgar a dichos individuos. Sin embargo, posee importantes limitaciones en su actuaci\u00f3n. La CPI no cuenta con una fuerza policial propia para ejecutar las \u00f3rdenes de arresto, por lo que depende enteramente de los gobiernos nacionales. A su vez, no tienen competencia universal de forma autom\u00e1tica, ya que esto chocar\u00eda con el principio de soberan\u00eda de los Estados. \u00danicamente tiene jurisdicci\u00f3n sobre los delitos cometidos en el territorio de los Estados miembros o por sus nacionales. Fuera de estos supuestos, su intervenci\u00f3n depende de una remisi\u00f3n del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas<\/a> o de que un Estado no miembro acepte expresamente su jurisdicci\u00f3n. Al mismo tiempo, algunas de las grandes y medianas potencias no han ratificado el Estatuto de Roma, como es el caso de China, Rusia, Estados Unidos, India o Israel. Esto hace que las actuaciones de la Corte Penal Internacional se vean enormemente limitadas, como es el caso de la orden de arresto emitida contra el presidente ruso Putin<\/a> en 2023 y que no se ha hecho efectiva. En el \u00e1mbito africano, el caso m\u00e1s llamativo es el de Omar al Bashir<\/a>, ya que la CPI mantiene dos \u00f3rdenes de arresto emitidas en 2009 y 2010; pero como Sud\u00e1n no ratific\u00f3 el Estatuto, la Corte no pod\u00eda actuar, por lo que las \u00f3rdenes tuvieron que ser redirigidas al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.<\/p>\n\n\n\n

No son buenos tiempos para la Corte Penal Internacional. La decisi\u00f3n de Chad se enmarca en un creciente distanciamiento de varios pa\u00edses africanos respecto a la instituci\u00f3n, acusada durante a\u00f1os de centrar buena parte de sus actuaciones en el continente y de aplicar una justicia internacional percibida como desigual. Chad se suma as\u00ed a Mali, Burkina Faso y N\u00edger, que ya hab\u00edan anunciado su retirada un a\u00f1o antes, profundizando una tendencia que cuestiona la legitimidad y capacidad de actuaci\u00f3n de la CPI en determinadas regiones de \u00c1frica.<\/p>\n\n\n\n

Sin embargo, la presi\u00f3n hacia la instituci\u00f3n no solo proviene del continente africano. Estados Unidos, pa\u00eds que nunca ratific\u00f3 el Estatuto de Roma por el que se funda la CPI, ha elevado progresivamente su presi\u00f3n contra el tribunal mediante la imposici\u00f3n de sanciones y otras medidas contra sus integrantes. El secretario de Estado, Marco Rubio<\/a>, lleg\u00f3 incluso a llamar a \u201cdesmantelar ladrillo a ladrillo\u201d la instituci\u00f3n. El objetivo estadounidense se encuentra principalmente relacionado con el rechazo a las investigaciones y procedimientos que puedan afectar a ciudadanos estadounidenses o israel\u00edes por posibles cr\u00edmenes de guerra.<\/p>\n\n\n\n

No obstante, el abandono de la CPI por parte de varios pa\u00edses africanos responde a din\u00e1micas y motivaciones diferentes. La relaci\u00f3n entre el continente y la instituci\u00f3n arrastra importantes tensiones desde hace a\u00f1os. Durante los primeros a\u00f1os de funcionamiento de la CPI, esta se centr\u00f3 en la investigaci\u00f3n y procesamiento en conflictos africanos. Esto aliment\u00f3 la percepci\u00f3n de que la Corte aplicaba una justicia selectiva sobre pa\u00edses con menor capacidad de influencia internacional, mientras grandes potencias quedaban al margen. Sin embargo, algunos de los casos que investigaba la Corte Penal Internacional eran situaciones remitidas desde los propios pa\u00edses africanos en los que se estaban produciendo, como es el caso de Uganda, Rep\u00fablica Democr\u00e1tica del Congo, Rep\u00fablica Centroafricana y Mali.<\/p>\n\n\n\n

A su vez, ha habido importantes cr\u00edticas a la relaci\u00f3n entre la CPI y el Consejo de Seguridad, ya que este \u00faltimo puede remitir situaciones para su an\u00e1lisis. Teniendo en cuenta que grandes potencias como Rusia, China y Estados Unidos no forman parte del Estatuto de Roma, se produce una asimetr\u00eda en la cual estos pa\u00edses pueden participar en la justicia internacional mientras est\u00e1n parcialmente protegidos de su alcance.<\/p>\n\n\n\n

Desde una parte de los estudios decoloniales y de la teor\u00eda cr\u00edtica se se\u00f1ala c\u00f3mo estas actuaciones reproducen las desigualdades existentes entre el Norte y el Sur global. Desde esta perspectiva, la justicia internacional no puede entenderse al margen de las relaciones de poder que estructuran el sistema internacional y de las jerarqu\u00edas heredadas del colonialismo. El debate deja de ser estrictamente jur\u00eddico y entran en juego cuestiones relacionadas con la soberan\u00eda y la capacidad de injerencia exterior. Esto abre la puerta a un debate mucho m\u00e1s amplio sobre qui\u00e9n tiene capacidad para definir, juzgar y sancionar determinadas conductas en el escenario internacional.<\/p>\n\n\n\n

Puntos \u00e1lgidos de tensiones y l\u00edneas de debate<\/strong><\/p>\n\n\n\n

A pesar de que ya exist\u00edan recelos contra las actuaciones de la Corte Penal Internacional, el punto de quiebre fue el caso de Omar al Bashir en Sud\u00e1n. Este caso se da en el contexto de la guerra civil de Sud\u00e1n, en la que se acusa al gobierno sudan\u00e9s de cometer un genocidio en la regi\u00f3n de Darfur. A pesar de que Sud\u00e1n no es firmante del Tratado de Roma, la instituci\u00f3n pudo actuar debido a la intervenci\u00f3n del Consejo de Seguridad. En marzo de 2009, la CPI emiti\u00f3 una primera orden de arresto contra al-Bashir por cr\u00edmenes de guerra y cr\u00edmenes contra la humanidad. Esto provoc\u00f3 un choque con la propia Uni\u00f3n Africana que determinaba que esta orden de arresto podr\u00eda perjudicar a las negociaciones de paz. Esto no significaba que la Uni\u00f3n Africana<\/a> negase los cr\u00edmenes, sino que se debat\u00eda c\u00f3mo y cu\u00e1ndo deb\u00edan aplicarse los mecanismos de rendici\u00f3n de cuentas.<\/p>\n\n\n\n

Posteriormente, en 2010, la CPI abri\u00f3 una investigaci\u00f3n en Kenia debido a la violencia ocurrida tras las elecciones de 2007. En 2012 confirm\u00f3 cargos por cr\u00edmenes contra la humanidad contra varias personas, entre ellas Uhuru Kenyatta<\/a> y William Ruto<\/a>. La situaci\u00f3n adquiri\u00f3 una dimensi\u00f3n completamente distinta cuando ambos ganaron las elecciones de 2013: Kenyatta se convirti\u00f3 en presidente y Ruto en vicepresidente mientras ten\u00edan procedimientos abiertos. La Uni\u00f3n Africana argument\u00f3 que procesar simult\u00e1neamente al presidente y al vicepresidente democr\u00e1ticamente elegidos pod\u00eda afectar al funcionamiento y la estabilidad del Estado keniano. Por ello se puso el debate sobre la mesa sobre hasta d\u00f3nde pod\u00eda llegar la justicia internacional si esta pod\u00eda afectar negativamente al funcionamiento de un Estado.<\/p>\n\n\n\n

El contexto actual que presenciamos se vuelve cada vez m\u00e1s convulso. Muchas de las instituciones y normas sobre las que se levant\u00f3 el orden multilateral posterior a la Guerra Fr\u00eda est\u00e1n siendo cuestionadas, tanto por las grandes potencias como por aquellos pa\u00edses que durante d\u00e9cadas han denunciado las desigualdades sobre las que tambi\u00e9n se construy\u00f3 ese orden. La Corte Penal Internacional no escapa a estas din\u00e1micas. Las cr\u00edticas procedentes de \u00c1frica y, de manera m\u00e1s amplia, del Sur Global ponen sobre la mesa las contradicciones de una instituci\u00f3n que aspira a representar una justicia universal. Sin embargo, el momento actual puede servir tambi\u00e9n para repensar su funcionamiento y atender demandas que llevan a\u00f1os encima de la mesa.<\/p>\n\n\n\n

Art\u00edculo de Andrea Chamorro<\/a>.<\/em><\/p>\n\n\n\n

Foto de portada: \u00a9 Hypergio – Own work, CC BY-SA 4.0<\/a><\/em><\/sub><\/p>\n\n\n\n

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