A la espera de Hungría y Polonia, ya hay un acuerdo mayoritario en el seno de la Unión Europea sobre Migración y Asilo, pero ahora tocará reclamar que las regiones que reciben la presión, como Canarias, tengan un trato especial
Con las espadas en alto en Granada, en una cumbre que, sea cual sea su resultado, ha sido todo un éxito para la imagen internacional de nuestro país, los 27 Estados miembros de la Unión Europea han dado un paso más en estos últimos días al alcanzar un acuerdo mayoritario (aún no definitivo a la espera de los dos países más reaccionarios, Hungría y Polonia) alrededor del Pacto Europeo de Migración y Asilo. Este acuerdo debe pasar aún por el Parlamento y el Consejo Europeo, pero es un avance muy grande que ya haya acuerdo mayoritario entre Estados.
Al margen de las desagradables declaraciones de Orbán («Hungría y Polonia han sido violadas», dijo), sí creo que es necesario y fundamental que entendamos que ya hay una mayoría de países europeos alineados en unas medidas migratorias a las que vamos a tener que acostumbrarnos en los próximos años, y que suponen consolidar y reforzar la ya dura y restrictiva actual política migratoria del Viejo Continente. Y es obvio que eso, desde Canarias, nos debe tener muy atentos. Lo que haya pasado estos días en Granada y pase en Bruselas en los próximos meses en el marco de las negociaciones para este acuerdo afecta a nuestro Archipiélago de manera extraordinaria.
Lo digo porque estos días estamos viendo con asombro cómo la isla de El Hierro se ha convertido en el destino de cayucos de grandes dimensiones procedentes de Senegal. Llegan a El Hierro directamente, programando su GPS, porque la ruta hacia esta isla es la que transcurre más alejada del litoral continental y, por tanto, de posibles interceptaciones por parte de patrulleras. En solo cuatro días han arribado a la isla del Meridiano más de 1500 personas, dándose el caso de dos cayucos (con ¡280! y 258 personas) que suponen un récord de embarcaciones más llenas desde el inicio de la llegada de pateras hace más de 25 años. ¿Ustedes se imaginan lo duro que tiene que haber sido pasar una semana apretujado en una embarcación de este tipo sin poder prácticamente moverse? ¿Qué efectos tiene eso en el cuerpo y en la salud mental de una persona? Pensando en todo momento en las altas probabilidades de no llegar a puerto.
La mayoría de las personas que llegan a El Hierro estos días han zarpado de un puerto de Senegal o de Gambia. Muchas proceden de amplias zonas geográficas en las que a su actual desestabilización política (y la consecuente desazón de la juventud ante las escasas expectativas de futuro) se le suman factores como la inseguridad y el terrorismo, la reducción de las capturas del sector pesquero, el incremento de los precios de los combustibles y las materias primas (por la guerra de Ucrania, principalmente), así como el ya innegable efecto del cambio climático.
Solo un pequeño dato para darnos cuenta de que esto no es más que el principio de una época complicada: si nosotros mismos ya no podemos negarlo, que hemos vivido una semana de octubre con temperaturas extremas, propias del más caluroso de los veranos, ¿cómo no van a provocar movimientos migratorios los drásticos impactos del cambio climático en nuestros países vecinos? Leía esta semana que el Servicio de Cambio Climático de Copernicus ha dicho que la temperatura media mundial de este pasado mes de septiembre ha batido récords históricos por un margen “tan exagerado” que los expertos climáticos están ‘luchando’ para encontrarle una explicación plausible.
Con todo esto quiero volver a una de las ideas que me gustaría les quedase en la cabeza tras la lectura de este artículo: esto va para largo, y quedan aún muchas llegadas, muchas personas, mucho sufrimiento, mucha tensión en nuestros sistemas de acogida y, lamentablemente, lo que más debemos temer todas y todos: mayor número de muertes en la mar. La llegada de cayucos y pateras a Canarias seguirá sucediendo en este año y en los años por venir, y se agravará cada año en los meses entre septiembre y enero, en los que el mar en calma hace que los que intentan la travesía piensen que se reducen las probabilidades de morir ahogado, de que el oleaje les haga perder el camino o de que les falle el motor y se queden sin agua y comida.
Por mucho que se negocien grandes acuerdos en estas cumbres en Bruselas, debemos recordar que este fenómeno no se terminará mañana por establecer un acuerdo entre 25 países, muchos de ellos profundamente insolidarios con los países receptores, ni se terminará pasado mañana por negociar cantidades enormes de millones de euros con los países emisores o los países de paso de los migrantes en su ruta hacia nuestro Archipiélago.
Porque una de las grandes decepciones que para mí supone la lectura de este acuerdo es que no ha habido nunca encima de la mesa la inclusión de un concepto tan básico como el de la obligatoriedad, si quieren llamarlo el deber moral, de salvar vidas en la mar. Tampoco lo ha habido para poner reparos a pactar con gobiernos que demuestran habitualmente utilizar la migración como arma negociadora con Europa y a los que les caracteriza su escasa calidad democrática, por un lado, y su profundo y abierto racismo con los africanos negros, por el otro.
Pactar con todos los países africanos de la manera que se hizo con Turquía o con Túnez supone hacer oficial este concepto de las fronteras exteriores, convirtiendo a estos países en guardianes de la ‘fortaleza europea’ y en represores de los derechos humanos (qué orgullosos estamos, por cierto, celebrando el 75º aniversario de su proclamación por la ONU). Y todo con cantidades indecentes de dinero de todos los contribuyentes europeos.
El pacto comprenderá dinero para un gran número de países de África occidental, pero no incluirá el recordatorio de que al Estado español le corresponde velar por la seguridad marítima de la llamada Zona SAR Canarias, un espacio colindante al Archipiélago de más de 1000 kilómetros cuadrados de lámina de agua y en la que nos corresponde la responsabilidad del salvamento y la seguridad marítima. Y no creo que este Pacto Europeo, muy condicionado por la reciente urgencia de Lampedusa y el papel de bloqueo que podía jugar la presidenta italiana, Giorgia Meloni, recoja algún apartado especial con nuestro Archipiélago, que estos días enfrenta la realidad de un fenómeno (insisto siempre en la palabra fenómeno, y no en la palabra ‘problema’, y mucho menos ‘amenaza’ que emplean algunos) de largo recorrido.
Aquí nos queda, una vez más, poner en valor el trabajo enorme, sensible y profesional que estos días están realizando los servicios de Salvamento Marítimo, los agentes del Servicio Marítimo de la Guardia Civil, a los miembros, profesionales o voluntarios de Cruz Roja y a los profesionales sanitarios del Servicio Canario de Salud que atienden a pie de muelle a las personas, exhaustas y derrotadas tras una durísima travesía. Quedará para la historia, por ejemplo, la profesional respuesta de los agentes a bordo de la patrullera Río Tajo del Servicio Marítimo de la Guardia Civil, a los que nuestra vecina Mauritania rechazó desembarcar un grupo de migrantes rescatados de una muerte segura en la mar.
Queda, pues, acostumbrarnos y entender el escenario que se prevé a raíz de este Pacto Migratorio en los próximos años. El asunto que llevaba meses bloqueando el acuerdo general era la parte del llamado Reglamento de Crisis. Su objetivo: organizar una respuesta europea en caso de afluencia masiva de migrantes a un país de la UE.
El acuerdo mayoritario alcanzado, como han reflejado los medios de comunicación, permitirá detener a los migrantes durante periodos más largos “en las fronteras exteriores del bloque” e introducir un sistema de excepción “menos protector” para los solicitantes de asilo que los procedimientos habituales. Es decir, endurecer las condiciones para conceder el asilo.
Una de las novedades más importantes del acuerdo es el mecanismo de solidaridad obligatoria, que implica que todos los Estados miembros deben contribuir a la gestión de las situaciones de crisis migratoria. Según el acuerdo, cada año se van a reubicar como mínimo a unos 30 000 solicitantes de asilo en la UE, en función de la capacidad y las preferencias de cada Estado miembro.
Pero el concepto solidaridad ahora tiene precio: los países que no quieran acoger a los solicitantes de asilo que lleguen a las fronteras exteriores de la UE tendrán que pagar una compensación de 20 000 euros por cada persona que rechacen. Este dinero se destinará a una reserva de solidaridad gestionada por la Comisión Europea, que se utilizará para financiar proyectos de integración, retorno y cooperación con terceros países.
El acuerdo ha superado las reservas de Italia y Alemania, que habían bloqueado el texto durante varios meses por motivos humanitarios y por el papel de las ONG de rescate de inmigrantes. Queda ahora solo pendiente la posición más extrema de Hungría y Polonia. Este Pacto, recordemos, no es definitivo al 100 %: servirá de base para las negociaciones entre la Presidencia del Consejo y el Parlamento Europeo, con el objetivo de cerrar la reforma migratoria antes del final del semestre de la presidencia española.
Artículo de José Segura Clavell, director general de Casa África, publicado el 6 de octubre de 2023 en eldiario.es y Kiosco Insular y el 7 de octubre de 2023 en Canarias7.
