En plena deriva autoritaria, los logros alcanzados en materia de igualdad de género siguen brillando con intensidad en la que fuera esperanza democrática del mundo árabe

Eclipsada por las consecuencias de la deriva autoritaria del presidente Kais Saied, el pasado día 21 de marzo se hacía pública la noticia de la destitución del primer ministro Kamel Madouri, nombrado hace poco más de siete meses atrás, y de la designación de la ministra de Vivienda, Sara Zafrani Zanzri, como jefa del gobierno. Con el nombramiento de Zanzri, de formación ingeniera civil y geotécnica, Túnez puede presumir de haber tenido dos primeras ministras en tres años y medio -la también ingeniera y profesora universitaria Najla Bouden-Ramadhne tuvo el honor de tomar posesión en el cargo en octubre de 2021, y lideró el ejecutivo tunecino un total de 22 meses. Un hecho doblemente inédito en el panorama regional en el país que, justificadamente, ha merecido el marchamo de ser el país árabe más igualitario. 

No es, por tanto, casual que el pequeño Estado magrebí vuelva a estar liderado por una mujer (y que la presencia de mujeres en sus gobiernos y parlamento haya sido elevada: hasta diez mujeres en el gabinete liderado a partir de octubre de 2021 por Bouden-Ramadhne). Desde su independencia en 1956, Túnez se ha situado a la vanguardia regional en la implementación de políticas feministas. Ya entonces, gracias al impulso del presidente Habib Bourguiba, el país se dotó de un avanzado Código Civil de Estatuto Personal que prohibía la poligamia y el repudio, establecía una edad legal para el matrimonio infantil y legalizaba el divorcio.

El feminismo de Estado fue uno de los sellos de las más de dos décadas de la dictadura de Ben Ali, y los años de gobierno liderados por los islamistas de Ennahda que sucedieron a la Revolución del Jazmín (2011) no supusieron una erosión de las conquistas históricas en materia de derechos de las mujeres. En 2017, bajo la presidencia de Béji Caïd Essebsi, las autoridades tunecinas promulgaron la Ley referente a la eliminación de la violencia contra las mujeres y la supresión del impedimento matrimonial por motivo religioso, la cual afectaba a las mujeres musulmanas.

Hoy el país norteafricano sigue siendo líder regional en igualdad de género. Sus logros históricos en materia de respeto a los derechos de las mujeres continúan brillando con intensidad en el contexto norteafricano. Túnez se encuentra actualmente en el puesto 115.º del Global Gender Gap Index -que elabora el Foro Económico Mundial- en su edición de 2024 por delante de Egipto (135.º), Marruecos (137.º) o Argelia (139.º). Libia no consta en el elenco. Solo Emiratos Árabes Unidos supera a Túnez entre los países pertenecientes a la Liga Árabe.

Con todo, coinciden los especialistas, el privilegiado estatus de la mujer en Túnez no está exento de retos y amenazas. La deriva autoritaria tunecina de los últimos años -tras su autogolpe de julio de 2021, el presidente Saied ha sido capaz de desmontar la arquitectura democrática construida a partir de 2011- está teniendo también consecuencias en el ámbito de la protección de los derechos de las mujeres.

«La llegada al poder del atípico presidente Kaïs Saied en un momento de profunda crisis para el país ha provocado un retroceso en materia de derechos de las mujeres. Arropado por la legitimidad popular obtenida en las urnas, Saied se estrenó dando carpetazo al proyecto de igualdad hereditaria», recuerda la profesora del área de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad de Granada Carmen Garratón. «En este contexto, más allá de la dicotomía entre religión y laicismo, el principal riesgo para los derechos femeninos es la propia destrucción de las instituciones democráticas, sobre todo después del autogolpe de julio de 2021», asegura la especialista en estudios de mujeres y género en el Magreb.

Lo cierto es que, aunque la nueva Constitución adoptada en julio de 2022 -que sustituyó a la democrática y pluralista Carta Magna de 2014- no hace prácticamente cambios en los artículos relativos a los derechos de las mujeres, en el otoño de 2022 el gobierno tunecino liquidaba la paridad obligatoria -la reforma en 2017 de la ley de 2014 consagraba la obligatoriedad del 50 % de presencia femenina- en las listas electorales.

Ello se tradujo en que en las últimas elecciones (tras la segunda vuelta de enero de 2023) la presencia de las mujeres pasara de un 40 % a poco más del 15 % de la representación parlamentaria (el porcentaje se eleva por encima del 48 % en la representación municipal, según datos de Naciones Unidas).  

A pesar de su simbolismo, la jefatura de gobierno de Bouden-Ramadhne dispuso de poderes limitados, concluyó abruptamente menos de dos años después de su nombramiento y no supuso avances reales en materia de igualdad. Por otra parte, el deterioro de las condiciones socioeconómicas experimentado por gran parte de la sociedad tunecina en los últimos años constituye otra amenaza para la dignidad y derechos de las mujeres.

Enterrado el sueño democrático que la convirtió en esperanza e inspiración del mundo árabe y en medio de una persecución cada vez más abierta de la oposición por parte de las autoridades lideradas por Saied, Túnez se halla instalado en un incierto impasse. Sin rumbo definido. Como constata Carmen Garratón, teniendo en cuenta que «la vigente Constitución de 2022 atribuye omnímodos poderes a un presidente que, a golpe de decretos-leyes, rechaza el diálogo con las fuerzas sociales, políticas y asociativas y supone una amenaza constante a la libertad de expresión (…) la realidad es que actualmente el debate en torno a los derechos de las mujeres ha desaparecido completamente de una escena pública en la que se tratan de acallar las voces de activistas y disidentes en un escenario cada vez más represivo».

Todo pasa, en suma, por revertir el ciclo autoritario protagonizado por un presidente aupado al poder por las urnas y cuyo objetivo declarado no fue otro que «salvar la democracia» y acabar con la corrupción en Túnez. A juicio de la especialista en feminismos árabes e islámicos y profesora de la Universidad de Granada Nadia Hindi, «aunque los logros históricos que ponen a Túnez en la vanguardia no corren peligro, es difícil que el Estado realmente cumpla con su compromiso constitucional de velar por su consolidación y promoción, como se está viendo desde la llegada al poder de Saied». «El problema es que las problemáticas actuales van modificando la propia agenda de la sociedad y el orden de prioridades», precisa la investigadora. En conclusión, para la investigadora de la UGR Nadia Hindi «el máximo desafío frente a un sistema presidencialista, populista y autoritario en medio de una crisis económica es recuperar las relaciones de poder que se configuraron con la revolución. Para ello, es necesario velar por un pluralismo político y social y por un diálogo democrático, lo que es difícil bajo este tipo de régimen donde sectores dentro de la sociedad civil sufren mayor represión y silenciamiento».

Artículo redactado por Antonio Navarro Amuedo.