A mediados de julio, el Gobierno chadiano anunciaba sus planes de retirarse de la Corte Penal Internacional (CPI), cuestionando la eficacia del organismo y la desigual aplicación de sus mecanismos. La decisión fue formalmente notificada al secretario general de Naciones Unidas el 27 de julio de 2026 y, conforme al Estatuto de Roma, no será efectiva hasta un año después. El movimiento de Yamena adquiere además una dimensión particular por su proximidad con la guerra de Sudán. Chad comparte una extensa frontera con Darfur y se ha convertido en un actor relevante tanto para la recepción de refugiados como para las dinámicas regionales generadas por el conflicto. Al mismo tiempo, las autoridades chadianas afrontan acusaciones sobre el supuesto uso de (RSF, por sus siglas en inglés).
Estas acusaciones han cobrado mayor relevancia a medida que la CPI profundiza sus investigaciones sobre los crímenes cometidos durante la actual guerra en Darfur. En diciembre de 2025, una organización de la sociedad civil sudanesa llegó a presentar ante la Corte un señalamiento contra altos responsables chadianos por una posible complicidad en crímenes internacionales, aunque hasta el momento este no ha derivado en la apertura de una investigación.
La Corte Penal Internacional fue creada en 1998 con el objetivo de juzgar a individuos por crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, genocidio y agresión. Este actúa cuando los sistemas judiciales nacionales no tienen capacidad de juzgar a dichos individuos. Sin embargo, posee importantes limitaciones en su actuación. La CPI no cuenta con una fuerza policial propia para ejecutar las órdenes de arresto, por lo que depende enteramente de los gobiernos nacionales. A su vez, no tienen competencia universal de forma automática, ya que esto chocaría con el principio de soberanía de los Estados. Únicamente tiene jurisdicción sobre los delitos cometidos en el territorio de los Estados miembros o por sus nacionales. Fuera de estos supuestos, su intervención depende de una remisión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas o de que un Estado no miembro acepte expresamente su jurisdicción. Al mismo tiempo, algunas de las grandes y medianas potencias no han ratificado el Estatuto de Roma, como es el caso de China, Rusia, Estados Unidos, India o Israel. Esto hace que las actuaciones de la Corte Penal Internacional se vean enormemente limitadas, como es el caso de la orden de arresto emitida contra el presidente ruso Putin en 2023 y que no se ha hecho efectiva. En el ámbito africano, el caso más llamativo es el de Omar al Bashir, ya que la CPI mantiene dos órdenes de arresto emitidas en 2009 y 2010; pero como Sudán no ratificó el Estatuto, la Corte no podía actuar, por lo que las órdenes tuvieron que ser redirigidas al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
No son buenos tiempos para la Corte Penal Internacional. La decisión de Chad se enmarca en un creciente distanciamiento de varios países africanos respecto a la institución, acusada durante años de centrar buena parte de sus actuaciones en el continente y de aplicar una justicia internacional percibida como desigual. Chad se suma así a Mali, Burkina Faso y Níger, que ya habían anunciado su retirada un año antes, profundizando una tendencia que cuestiona la legitimidad y capacidad de actuación de la CPI en determinadas regiones de África.
Sin embargo, la presión hacia la institución no solo proviene del continente africano. Estados Unidos, país que nunca ratificó el Estatuto de Roma por el que se funda la CPI, ha elevado progresivamente su presión contra el tribunal mediante la imposición de sanciones y otras medidas contra sus integrantes. El secretario de Estado, Marco Rubio, llegó incluso a llamar a “desmantelar ladrillo a ladrillo” la institución. El objetivo estadounidense se encuentra principalmente relacionado con el rechazo a las investigaciones y procedimientos que puedan afectar a ciudadanos estadounidenses o israelíes por posibles crímenes de guerra.
No obstante, el abandono de la CPI por parte de varios países africanos responde a dinámicas y motivaciones diferentes. La relación entre el continente y la institución arrastra importantes tensiones desde hace años. Durante los primeros años de funcionamiento de la CPI, esta se centró en la investigación y procesamiento en conflictos africanos. Esto alimentó la percepción de que la Corte aplicaba una justicia selectiva sobre países con menor capacidad de influencia internacional, mientras grandes potencias quedaban al margen. Sin embargo, algunos de los casos que investigaba la Corte Penal Internacional eran situaciones remitidas desde los propios países africanos en los que se estaban produciendo, como es el caso de Uganda, República Democrática del Congo, República Centroafricana y Mali.
A su vez, ha habido importantes críticas a la relación entre la CPI y el Consejo de Seguridad, ya que este último puede remitir situaciones para su análisis. Teniendo en cuenta que grandes potencias como Rusia, China y Estados Unidos no forman parte del Estatuto de Roma, se produce una asimetría en la cual estos países pueden participar en la justicia internacional mientras están parcialmente protegidos de su alcance.
Desde una parte de los estudios decoloniales y de la teoría crítica se señala cómo estas actuaciones reproducen las desigualdades existentes entre el Norte y el Sur global. Desde esta perspectiva, la justicia internacional no puede entenderse al margen de las relaciones de poder que estructuran el sistema internacional y de las jerarquías heredadas del colonialismo. El debate deja de ser estrictamente jurídico y entran en juego cuestiones relacionadas con la soberanía y la capacidad de injerencia exterior. Esto abre la puerta a un debate mucho más amplio sobre quién tiene capacidad para definir, juzgar y sancionar determinadas conductas en el escenario internacional.
Puntos álgidos de tensiones y líneas de debate
A pesar de que ya existían recelos contra las actuaciones de la Corte Penal Internacional, el punto de quiebre fue el caso de Omar al Bashir en Sudán. Este caso se da en el contexto de la guerra civil de Sudán, en la que se acusa al gobierno sudanés de cometer un genocidio en la región de Darfur. A pesar de que Sudán no es firmante del Tratado de Roma, la institución pudo actuar debido a la intervención del Consejo de Seguridad. En marzo de 2009, la CPI emitió una primera orden de arresto contra al-Bashir por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Esto provocó un choque con la propia Unión Africana que determinaba que esta orden de arresto podría perjudicar a las negociaciones de paz. Esto no significaba que la Unión Africana negase los crímenes, sino que se debatía cómo y cuándo debían aplicarse los mecanismos de rendición de cuentas.
Posteriormente, en 2010, la CPI abrió una investigación en Kenia debido a la violencia ocurrida tras las elecciones de 2007. En 2012 confirmó cargos por crímenes contra la humanidad contra varias personas, entre ellas Uhuru Kenyatta y William Ruto. La situación adquirió una dimensión completamente distinta cuando ambos ganaron las elecciones de 2013: Kenyatta se convirtió en presidente y Ruto en vicepresidente mientras tenían procedimientos abiertos. La Unión Africana argumentó que procesar simultáneamente al presidente y al vicepresidente democráticamente elegidos podía afectar al funcionamiento y la estabilidad del Estado keniano. Por ello se puso el debate sobre la mesa sobre hasta dónde podía llegar la justicia internacional si esta podía afectar negativamente al funcionamiento de un Estado.
El contexto actual que presenciamos se vuelve cada vez más convulso. Muchas de las instituciones y normas sobre las que se levantó el orden multilateral posterior a la Guerra Fría están siendo cuestionadas, tanto por las grandes potencias como por aquellos países que durante décadas han denunciado las desigualdades sobre las que también se construyó ese orden. La Corte Penal Internacional no escapa a estas dinámicas. Las críticas procedentes de África y, de manera más amplia, del Sur Global ponen sobre la mesa las contradicciones de una institución que aspira a representar una justicia universal. Sin embargo, el momento actual puede servir también para repensar su funcionamiento y atender demandas que llevan años encima de la mesa.
Artículo de Andrea Chamorro.