Los países africanos se han comprometido a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero y a proteger a su población frente a los efectos cada vez más graves del cambio climático. Estos compromisos se enmarcan en el Acuerdo de París, el tratado internacional sobre el clima adoptado en 2015, por el que los países acordaron tomar medidas para limitar el calentamiento global.
Cumplir estos objetivos exige miles de millones de dólares en financiación climática para impulsar las energías limpias y adaptar la agricultura, los sistemas de abastecimiento de agua y las infraestructuras a los efectos del cambio climático.
Sin embargo, los fondos que llegan a África están muy lejos de cubrir sus necesidades. En 2021 y 2022, el continente recibió una media anual de 43 700 millones de dólares, apenas un 23 % de lo necesario. Dicho de otro modo, África necesita aproximadamente cuatro dólares por cada dólar que recibe en la actualidad.
Además, los fondos se reparten de manera muy desigual. Los diez países africanos más vulnerables al cambio climático reciben únicamente el 11 % de la financiación climática que llega al continente, mientras que otros diez concentran el 76 % de la inversión privada destinada a este ámbito. Los países africanos necesitan recursos tanto para la mitigación —reducir las emisiones responsables del cambio climático— como para la adaptación —preparar a la población, las economías y las infraestructuras para afrontar sequías, inundaciones y olas de calor extremas que ya son inevitables—. La financiación disponible actualmente solo cubre el 18 % de los proyectos de mitigación previstos y el 20 % de las necesidades de adaptación.
Soy economista especializado en cambio climático y gobernanza y cuento con una larga trayectoria profesional en las Naciones Unidas y la Unión Africana. Mi argumento es que, aunque África mantiene su compromiso con el Acuerdo de París, las condiciones que impone el sistema financiero internacional hacen que buena parte del continente no pueda afrontar el coste de llevarlo a la práctica.
La financiación climática tiende a dirigirse hacia los países en los que los inversores consideran que su dinero corre menos riesgos y ofrece mayores posibilidades de obtener beneficios. En cambio, los países que más apoyo necesitan suelen ser los que menos reciben, porque los inversores perciben un mayor riesgo de que no puedan devolver los préstamos o generar una rentabilidad suficiente. El resultado es un sistema en el que la financiación resulta más cara y difícil de conseguir precisamente para los países que más la necesitan debido a su vulnerabilidad.
África debe negociar el acceso a una financiación asequible que le permita desarrollar su industria, sus sistemas energéticos, sus redes de transporte, sus ciudades y las capacidades de su población, en lugar de limitarse a reclamar más fondos bajo la etiqueta de «financiación climática». La financiación destinada a combatir el cambio climático no debería concebirse al margen de la financiación para el desarrollo. Las inversiones en electricidad, transporte, ciudades, regadío, tecnología, industria y educación son necesarias tanto para impulsar el crecimiento económico como para proteger a la población frente a los efectos del cambio climático.
La transición solo será justa si los países africanos son capaces de transformar sus minerales y sus recursos renovables en empleo local, productos de mayor valor añadido y economías más sólidas. De lo contrario, corren el riesgo de limitarse a exportar los minerales críticos que hacen posible la transición energética mundial mientras se ven obligados a endeudarse en condiciones más costosas para hacer frente a unos daños climáticos provocados en gran medida por los países desarrollados.
Prometer dinero no es lo mismo que desembolsarlo
En los últimos años se han sucedido los anuncios, las iniciativas, las coaliciones, las hojas de ruta, los planes de reforma y los objetivos relacionados con la financiación climática. Pero una cosa es prometer fondos y otra muy distinta hacerlos llegar a quienes los necesitan.
En 2009, los países desarrollados se comprometieron a proporcionar 100 000 millones de dólares anuales en financiación climática a los países en desarrollo. Estaba previsto que esa cantidad estuviera disponible cada año a partir de 2020. Sin embargo, según los cálculos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, no fue hasta 2022 cuando la financiación climática destinada a los países en desarrollo superó por primera vez los 100 000 millones de dólares. Es decir, el objetivo se alcanzó con dos años de retraso.
De esta experiencia puede extraerse una conclusión importante. La comunidad internacional celebró finalmente la consecución de un objetivo que se había negociado trece años antes y cuyo plazo de cumplimiento había vencido dos años atrás.
Además, conviene recordar que el objetivo de los 100 000 millones de dólares nunca se calculó a partir de las necesidades reales de los países en desarrollo para hacer frente al cambio climático. La cifra fue el resultado de una negociación política entre gobiernos.
El siguiente gran compromiso en materia de financiación climática llegó durante las negociaciones en materia climática de la COP29, celebrada en Bakú (Azerbaiyán). Los Gobiernos acordaron movilizar al menos 300 000 millones de dólares anuales para los países en desarrollo de aquí a 2035. También establecieron un objetivo mucho más ambicioso: elevar hasta 1,3 billones de dólares anuales la financiación climática procedente de todas las fuentes para ese mismo año.
Pero conviene fijarse en cómo está planteado este compromiso:
- el objetivo acordado es de 300 000 millones de dólares anuales;
- el plazo para alcanzarlo se extiende hasta 2035;
- los fondos pueden proceder de una «amplia variedad de fuentes»;
- y el objetivo mucho mayor, de 1,3 billones de dólares, depende de aportaciones procedentes de todo tipo de actores, incluidos Gobiernos, inversores privados, instituciones financieras internacionales y fuentes alternativas de financiación.
Cuanto mayor es la cifra anunciada, menos claro resulta quién tiene la responsabilidad de aportar realmente esos fondos.
Además, anunciar financiación climática no equivale a disponer de dinero que los países puedan gastar. Una promesa es solo eso: una promesa. Un compromiso formal supone que los fondos se han asignado, pero únicamente el desembolso significa que el dinero se ha pagado efectivamente. Un préstamo no equivale a una subvención, la financiación privada no es pública y un billón de dólares anunciado no aparece por arte de magia en los presupuestos de los países africanos.
Un buen ejemplo es la Iniciativa de Bridgetown de 2022, que contribuyó a que los bancos multilaterales de desarrollo generaran alrededor de 400 000 millones de dólares adicionales de capacidad de préstamo para un periodo de diez años. Sin embargo, esos recursos deben repartirse entre numerosos países y no están destinados exclusivamente a África. Los Gobiernos y las instituciones financieras se han vuelto muy hábiles a la hora de diseñar mecanismos con los que movilizar billones de dólares. Conseguir que esos billones se materialicen sigue siendo mucho más difícil.
El precio del dinero
La cantidad de financiación climática disponible no es el único problema. También importa cuánto cuesta acceder a ella. Financiar grandes proyectos de energía eólica y solar en África cuesta, como mínimo, entre dos y tres veces más que en las economías avanzadas y en China. La razón es que tanto los costes de financiación como la rentabilidad exigida por los inversores son más elevados.
Los proyectos de energías renovables requieren una elevada inversión inicial, de modo que una financiación cara acaba traduciéndose en una electricidad más costosa. Reducir en un solo punto porcentual el coste medio de financiación permitiría rebajar al menos un 8 % el coste de generación de la energía eólica y solar.
Por eso, las negociaciones climáticas deben abordar también cuestiones como los tipos de interés, las garantías, el riesgo cambiario y las primas adicionales que exigen los prestamistas cuando consideran que invertir en un país entraña un mayor riesgo.
África alberga aproximadamente el 20 % de la población mundial, pero recibe menos del 3 % de la inversión energética global. El problema no es la falta de recursos solares que aprovechar, sino la falta de capital a un coste asequible.
Además, los países más expuestos a los desastres climáticos suelen ser considerados también más arriesgados por los prestamistas y, por tanto, tienen que pagar más para financiarse. Esto limita su capacidad para invertir lo suficiente en infraestructuras capaces de resistir los efectos del cambio climático. Y cuando se produce un desastre, esos mismos países pueden encontrarse de nuevo con unos costes de financiación más elevados precisamente cuando necesitan endeudarse para reparar los daños.
África debe desarrollar su propia industria verde
La diplomacia climática se ha vuelto más compleja porque las políticas contra el cambio climático están cada vez más ligadas a la competencia industrial y geopolítica. Los países ricos subvencionan sus propias industrias de baterías, vehículos eléctricos, hidrógeno y energías renovables. A los países africanos, en cambio, se les pide que atraigan inversión privada si quieren desarrollar esas mismas industrias.
África posee alrededor del 30 % de las reservas mundiales de minerales críticos, entre ellas el 19 % de los minerales necesarios para fabricar vehículos eléctricos. Por tanto, el continente ya desempeña un papel en la transición hacia una economía más verde. La cuestión es qué lugar ocupará dentro de la cadena de valor: si se limitará a exportar materias primas como el litio y el cobalto o si también fabricará baterías y otros productos vinculados a las tecnologías verdes.
Si África aporta los minerales mientras la fabricación, la tecnología y los empleos de mayor productividad se concentran en otras regiones, la transición verde reproducirá antiguas desigualdades económicas. Por eso, la posición africana en las negociaciones climáticas no debería centrarse únicamente en conseguir financiación, sino también en desarrollar la industria, las capacidades y el peso económico del continente.
Lo que tiene que ocurrir ahora
No estoy convencido de que la «financiación climática» sea el concepto más adecuado en torno al cual articular las necesidades de África. Esta expresión separa artificialmente elementos que, en realidad, forman parte de un mismo reto de desarrollo. África necesita sistemas energéticos, redes eléctricas, transporte, ciudades resilientes, regadíos, infraestructuras digitales, capacidad industrial y capital humano.
En conjunto, estas inversiones determinarán el desarrollo, la resiliencia, la productividad, la industrialización y las emisiones futuras del continente. Clasificar unas como inversiones «climáticas» y otras como inversiones «para el desarrollo» puede resultar útil para las instituciones financieras internacionales. Sin embargo, tiene mucho menos sentido cuando se contempla el problema desde la perspectiva de la transformación estructural de las economías africanas.
África solo recibe el 23 % de la financiación climática que necesita y atrae menos del 3 % de la inversión energética mundial, pese a concentrar aproximadamente una quinta parte de la población del planeta. Estas cifras apuntan a un problema mucho más profundo que una mera falta de financiación climática.
En lugar de preguntarnos una y otra vez qué debe hacer África para resultar más atractiva al capital internacional, deberíamos preguntarnos por qué financiarse resulta más caro precisamente allí donde mayores son las necesidades de desarrollo y de adaptación al cambio climático.
La justicia climática no debería medirse por la cantidad de dinero que recibe la etiqueta de «financiación climática», sino por si esos recursos llegan en condiciones asequibles y permiten a África desarrollar su industria, ampliar su comercio y construir una economía productiva propia. De lo contrario, la llamada transición justa corre el riesgo de reproducir la antigua división internacional del trabajo, esta vez al servicio de la transición hacia las energías renovables.
Por eso, la diplomacia climática africana debería aprovechar la transición mundial para transformar las condiciones en las que el continente se financia, produce, comercia y desarrolla su economía.
Artículo redactado por Carlos Lopes y publicado originalmente en inglés en The Conversation. Traducción de Ramsés Cabrera.