El 29 de enero de 2026, el Estado Islámico en el Sahel atacó el aeropuerto internacional de Diori-Hamani y la base aérea de Niamey. Las versiones difieren en cuanto a las armas empleadas: morteros y lanzacohetes, según algunos; drones cargados de explosivos, según otros. ACLED estima que, de confirmarse el uso de drones, constituiría una primicia para el grupo en Níger. La incertidumbre es reveladora. Una capacidad que tres años antes era marginal se ha convertido en algo plausible en pleno centro de la capital.
En septiembre de 2023, el primer ataque armado documentado del Grupo de Apoyo al Islam y a los Musulmanes (JNIM) con un dron parecía un experimento. ACLED ha registrado desde entonces más de un centenar de episodios de violencia relacionados con drones y atribuidos al grupo, teniendo en cuenta diferentes usos. En julio de 2026, el Policy Center for the New South señaló la presencia de drones armados en cuatro organizaciones activas entre el Sahel y la cuenca del lago Chad: el JNIM, el Frente de Liberación de Azawad, el Estado Islámico en África Occidental y el Estado Islámico en el Sahel.
El espacio aéreo a baja altitud, hasta hace poco casi reservado a los Estados, se ha convertido en otro terreno de disputa en el Sahel. La proliferación de drones está cambiando la preparación de las operaciones, la forma de observar al adversario y también la manera de contar lo ocurrido después de un ataque. Aun así, vigilar una posición, intentar golpearla con un dron comercial o ejecutar un ataque aéreo coordinado siguen siendo capacidades muy distintas.
Esta proliferación se produce, además, después de varios años de fuerte inversión estatal en medios aéreos no tripulados. Desde 2022, Mali, Burkina Faso y Níger han ampliado considerablemente sus capacidades, recurriendo sobre todo a fabricantes turcos. Níger recibió seis Bayraktar TB2 en mayo de 2022, mientras que Mali comenzó a incorporar estos aparatos a finales de ese mismo año y recibió nuevas unidades en 2023 y 2024. Bamako dio después un salto cualitativo con la adquisición de drones Akıncı, de mayor alcance y capacidad de carga, a finales de 2024. Burkina Faso siguió una trayectoria similar: en abril de 2024 presentó una nueva flota de drones de combate que incluía Bayraktar TB2 y Akıncı. En conjunto, los tres países disponen hoy de una capacidad de vigilancia y ataque aéreo muy superior a la que tenían al comienzo de la década, aunque el número exacto de aparatos operativos sigue siendo difícil de establecer.
Una amenaza de bajo coste
Los grupos armados juegan en otra categoría tecnológica, utilizando principalmente pequeñas aeronaves pilotadas mediante cámaras a bordo. Estos drones tienen menos alcance, menos autonomía y una capacidad de carga muy limitada. Además, son baratos, fáciles de reemplazar y relativamente sencillos de modificar. Esto permite utilizarlos, entre otros roles, para observar una base, comprobar cuánto tarda una unidad en reaccionar, orientar un asalto terrestre o registrar sus resultados.
Su efecto, además, no depende únicamente de que consigan causar daños. La aparición de un dron sobre una posición militar puede bastar para detener un movimiento, activar una alerta o forzar a los soldados a buscar cobertura. Por tanto, aunque sus capacidades de alcance, autonomía y carga útil están muy lejos de las de sistemas militares como los Bayraktar TB2 o Akıncı empleados por Mali, estos drones comerciales pueden producir efectos operativos desproporcionados respecto a su coste, obligando a modificar movimientos, activar medidas de protección y adaptar procedimientos. Su importancia no reside, por tanto, en competir con los drones militares, sino en introducir una presión constante sobre fuerzas que disponen de una clara superioridad tecnológica.
Cuando el aparato cuesta poco y las decisiones pueden tomarse cerca del terreno, esa información puede incorporarse con rapidez al siguiente intento. Ahí está una de las ventajas de estos sistemas baratos, el hecho de que permiten equivocarse más veces y aprender de esos errores. Por otro lado, teniendo en cuenta la proliferación de la utilización de drones comerciales transformados, se han detectado redes que proveen piezas de recambio, e incluso pequeños talleres y operadores formados en arreglar y transformar estos drones, ya que no hace falta una gran infraestructura.
En contraposición, los sistemas militares ofrecen capacidades muy superiores, pero también tienen costes operativos muy altos porque dependen de técnicos especializados, software, repuestos y, en muchos casos, de proveedores extranjeros. Una avería o un problema de suministro puede inmovilizar durante semanas un aparato costoso.
La batalla por la imagen
Los drones no solo observan o atacan, sino que también graban y esas imágenes se han convertido en una parte de la propia operación.
Tras el ataque contra el campamento de Boulikessi, en el centro de Mali, el 1 de junio de 2025, JNIM difundió imágenes de lo ocurrido antes de que existiera un relato oficial. El grupo consiguió así ocupar durante unas horas un espacio decisivo: el de la primera versión de los hechos.
La perspectiva aérea tiene además una fuerza particular. Un ataque filmado desde arriba, editado y difundido rápidamente puede transmitir una impresión de coordinación y control muy superior a la realidad, a menudo mucho más confusa, de lo ocurrido sobre el terreno. Los Estados utilizan esa misma lógica. Las imágenes de drones permiten mostrar capacidad militar, localizar objetivos o presentar públicamente el resultado de una operación, pero esa visibilidad también aumenta las expectativas sobre la precisión de los ataques.
El 6 de enero de 2026, un ataque aparentemente realizado por el ejército nigerino alcanzó el mercado de Kokoloko, en la región de Tillabéri. Human Rights Watch documentó la muerte de al menos 17 civiles, entre ellos cuatro niños, además de 13 heridos y tres combatientes islamistas. La organización consideró el ataque indiscriminado y reclamó una investigación transparente e imparcial. Este problema no es exclusivo del Sahel. El ataque estadounidense que alcanzó en febrero de 2026 la escuela Shajareh Tayyebeh de Minab, en Irán, mostró hasta qué punto incluso fuerzas dotadas de sistemas de vigilancia y selección de objetivos mucho más sofisticados pueden cometer errores con consecuencias devastadoras.
En el Sahel, sin embargo, la verificación posterior resulta todavía más difícil. El acceso de periodistas, organizaciones internacionales e investigadores a muchas zonas de conflicto es muy limitado y las investigaciones oficiales sobre víctimas civiles son escasas debido en parte a la falta de medios para investigar. A ello se suma la propia complejidad del terreno: civiles y combatientes utilizan las mismas carreteras, mercados y puntos de agua, de modo que una cámara puede identificar un vehículo o un grupo de personas sin poder determinar necesariamente quiénes son o por qué se encuentran allí. Por eso, mejorar la precisión tecnológica no basta. Es fundamental trabajar con los Estados para reforzar los mecanismos de investigación, la inteligencia humana y la relación con las comunidades, y para asumir que la protección de la población forma parte de la propia eficacia militar. Una operación que causa víctimas civiles no solo tiene consecuencias humanitarias, sino que erosiona la confianza, dificulta la obtención de información local y proporciona a los grupos armados nuevos argumentos para su propaganda.
El reto de la adaptación
La adquisición de drones es probablemente la parte más visible de la transformación que están viviendo los ejércitos del Sahel, pero mantenerlos operativos exige técnicos formados, piezas de recambio, software, sistemas de comunicación seguros y personal capaz de analizar y transmitir rápidamente la información obtenida. En países donde las distancias son enormes y muchas unidades operan desde bases aisladas, una avería, la falta de un componente o un problema de conectividad pueden reducir durante semanas una capacidad que sobre el papel parece considerable.
Esta dependencia es especialmente importante en el Sahel, ya que buena parte de los sistemas adquiridos en los últimos años proceden de proveedores extranjeros. La formación inicial, el mantenimiento, las actualizaciones de software y, en algunos casos, incluso determinados aspectos del procesamiento de la información dependen de empresas o técnicos externos. Estos acuerdos han permitido a varios países del Sahel desarrollar capacidades que hace apenas unos años no tenían, pero también crean nuevas dependencias. La autonomía no consiste únicamente en ser propietario del aparato, sino en poder mantenerlo, repararlo y utilizar la información que produce sin depender permanentemente del fabricante. Los grupos armados, sin embargo, pueden trasladar un procedimiento aprendido en un país a otro con relativa facilidad a través de un vídeo o de operadores experimentados.
La cuestión, por tanto, no es una equiparación de capacidades, sino hasta qué punto los grupos armados pueden aprovechar vulnerabilidades concretas con medios mucho más sencillos y baratos. El reto para los Estados es adaptar sus defensas con la misma rapidez con la que evolucionan estas técnicas. Cada dron recuperado, cada intento de ataque o cada sobrevuelo debería servir para identificar fallos, modificar procedimientos y compartir esas lecciones entre unidades y, cuando sea posible, entre países.
Artículo redactao por Beatriz León Cobo.
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