En 2025 se cumplen 50 años de la creación de la CEDEAO, una fecha simbólica que coincide con uno de los cambios más profundos en la historia reciente de África Occidental: la salida efectiva de Burkina Faso, Mali y Níger, hoy agrupados en la Alianza de Estados del Sahel (AES). Este hecho no sólo marca un punto de ruptura en la integración regional, sino que reconfigura el equilibrio de seguridad en un espacio marcado por amenazas transfronterizas.
Por otro lado, un nuevo y controvertido golpe de Estado en Guinea-Bissau a finales de noviembre de 2025, depusieron al presidente Embaló tras unas elecciones disputadas, refuerza la percepción de un ciclo de inestabilidad política y fragilidad democrática en África Occidental.
Hasta hoy, la CEDEAO había sido el marco central de cooperación económica, de integración y de gestión de conflictos, pero la retirada de tres países clave del Sahel abre un periodo de incertidumbre sobre la arquitectura regional de paz y seguridad y obliga a repensar cómo se afrontan desafíos transfronterizos como el terrorismo o el crimen organizado.
De la integración económica a la gestión de conflictos y la priorización de la estabilidad democrática
Cuando se fundó en 1975, la CEDEAO tenía una misión principalmente económica orientada a reducir barreras arancelarias y facilitar la libre circulación de personas, bienes y servicios. El Protocolo de 1979 formalizó este objetivo al garantizar a los ciudadanos el derecho a desplazarse, residir y establecerse sin visado. Con el tiempo, las crisis internas revelaron los límites de un enfoque exclusivamente económico, mostrando que la integración dependía de la estabilidad política y abriendo paso de manera gradual a una CEDEAO que se preocupa por los conflictos de su región.
Ese giro comenzó a consolidarse en los años noventa con la guerra civil de Liberia, que llevó a la creación del Grupo de Supervisión del Alto el Fuego (ECOMOG). Las intervenciones en Sierra Leona y Guinea-Bissau convierten a la CEDEAO en uno de los primeros bloques subregionales africanos en desplegar fuerzas militares multinacionales para gestionar conflictos internos. Aunque estas operaciones enfrentaron desafíos como la financiación irregular, sentaron un precedente al otorgar a la CEDEAO un papel de garante de la estabilidad, consolidado con la reforma del Tratado en 1993 y el Mecanismo de Prevención, Gestión, Resolución de Conflictos, Mantenimiento de la Paz y Seguridad de 1999, que le otorgó un marco formal de actuación ante agresiones externas y crisis internas, y con el Protocolo de 2001, que estableció estándares de gobernanza democrática y reforzó la posibilidad de sancionar golpes de Estado.
Una de las aplicaciones más reconocidas de este nuevo marco fue su intervención en Gambia en 2017. Gracias a una combinación de presión diplomática y fuerza creíble, la CEDEAO facilitó la salida del presidente Jammeh tras su derrota electoral y la transferencia de poder. La intervención consolidó la idea de que la organización podía actuar con eficacia frente a crisis políticas, lo que explica que optara nuevamente por sanciones y amenazas de intervención ante los golpes de Estado más recientes en el Sahel.
Sin embargo, el Sahel vive un contexto mucho más complejo, marcado por la expansión del yihadismo, el desgaste acumulado por años de inseguridad y un creciente rechazo interno a la influencia exterior, un entorno muy distinto al que rodeó la intervención en Gambia.
La crisis de seguridad en el espacio saheliano y a la creación de la AES
La persistente inseguridad en el Sahel ha sido un factor determinante en la transformación del panorama político de la región. Desde 2012, la expansión del yihadismo ha convertido al Sahel en una de las regiones más inestables del continente. Grupos vinculados a Al Qaeda y al Estado Islámico han aprovechado la debilidad institucional y las tensiones locales para extenderse desde zonas periféricas a nuevos territorios e incluso consolidarse en el norte de los países costeros, particularmente en Benín y Togo.
Pese a iniciativas nacionales e internacionales como MINUSMA, la operación Barkhane o el G5 Sahel, la inseguridad continuó aumentando, alimentando el desgaste social y debilitando la confianza en las élites civiles. Este contexto facilitó la llegada al poder de los militares en Malí, Burkina Faso y Níger, que justificaron sus golpes como respuesta a la incapacidad de los gobiernos anteriores para frenar la violencia y a la dependencia de modelos de seguridad promovidos por socios externos. Las sanciones de la CEDEAO y particularmente la amenaza del uso de la fuerza tras el golpe de Níger, reforzaron su discurso soberanista y aumentaron la percepción de la organización como instrumento de presión externa. La contestación a la organización regional no procede únicamente de los regímenes militares. Una parte de la sociedad civil y de la juventud urbana cuestiona una arquitectura regional percibida como poco transparente, muy centrada en los jefes de Estado y distante de las preocupaciones cotidianas de las poblaciones, especialmente en contextos de inseguridad, precariedad y ausencia de servicios básicos. La combinación de golpes de Estado, reformas constitucionales controvertidas y respuestas percibidas como incoherentes ha debilitado la legitimidad del sistema regional en su conjunto.
La fractura política se profundizó y abrió paso a la creación en 2023 de la Alianza de Estados del Sahel (AES), inicialmente concebida como un pacto de defensa mutua ante un posible despliegue en Níger, pero que pronto evolucionó hacia una confederación con ambiciones más amplias en seguridad, política exterior o cooperación económica.
En enero de 2024, Malí, Burkina Faso y Níger anunciaron formalmente su salida de la CEDEAO y consolidaron así su apuesta por una forma alternativa de integración como acto de recuperación de soberanía y de rechazo a medidas coercitivas. A pesar de sus avances desde su creación en 2023, el nuevo bloque enfrenta limitaciones estructurales importantes: los tres países atraviesan crisis de seguridad, cuentan con capacidades institucionales frágiles, dependen de gobiernos de transición, sin un calendario electoral establecido, cuya estabilidad es incierta y carecen de una arquitectura institucional comparable a la de la CEDEAO. A ello se suma una coexistencia compleja, ya que los tres Estados siguen en la UEMOA y comparten el CFA, manteniendo vínculos económicos y financieros con la CEDEAO.
Arquitectura regional en revisión: democracia, paz y seguridad
La salida de los tres países del Sahel tiene repercusiones que van más allá de lo institucional. Uno de los ámbitos más afectados es la movilidad. La libre circulación es un principio central de la CEDEAO y resulta clave para los Estados sin litoral, que dependen de corredores hacia puertos de Costa de Marfil, Togo, Benín o Senegal. A pesar de que ambos bloques han permitido, tras la retirada y de manera transitoria, que se mantengan los derechos de libre circulación, existe mucha incertidumbre sobre visados, aranceles o derechos de residencia que afectan sobre todo a comerciantes, transportistas, trabajadores transfronterizos y comunidades pastorales trashumantes.
Los grupos yihadistas y las redes criminales operan a través de espacios transfronterizos aprovechando la porosidad de las fronteras y la fragilidad del Estado para llegar a regiones remotas. En un contexto en el que la violencia se desplaza hacia el sur y se intensifican los ataques en los países litorales, la falta de cooperación entre la CEDEAO y la AES y las tensiones entre algunos países de ambos bloques (Benín- Níger, Costa de Marfil- Burkina Faso) ofrece mayor margen de maniobra a los grupos armados y redes criminales.
La situación actual no se limita a una reorganización técnica entre bloques. La retirada de Burkina Faso, Malí y Níger, la creación de la AES y el nuevo golpe de Estado en Guinea-Bissau señalan una crisis más amplia de legitimidad y de confianza en las instituciones nacionales y regionales en la región. La CEDEAO sigue siendo el marco más consolidado de integración en África Occidental, pero su capacidad de influir dependerá de cómo responda a este ciclo de inestabilidad política y se adapte al nuevo panorama regional e internacional. En este contexto, las opciones estratégicas para la CEDEAO pasan por ajustes concretos:
- Renovar la democracia en la región, otorgando un lugar central a la sociedad civil y en particular a los jóvenes y aplicando criterios claros frente a cualquier cambio inconstitucional de poder, ya sea mediante golpes militares o reformas constitucionales que alteren las reglas de alternancia.
- Definir un mínimo común de cooperación con la AES, en particular, protegiendo la integración económica y la libre circulación y la coordinación en seguridad (intercambio de información, control de fronteras y lucha contra el terrorismo y el crimen organizado), para evitar que la fragmentación institucional sea aprovechada por actores armados y redes ilícitas.
A pesar de las fragilidades y desafíos, 2025 abre una etapa de prueba para la arquitectura regional de África Occidental. La capacidad de la CEDEAO para ajustar sus instrumentos, recuperar credibilidad democrática y articular una cooperación funcional con la AES será determinante para que la región pueda gestionar unos desafíos —de seguridad, políticos y socioeconómicos— que siguen siendo, en gran medida, compartidos y transfronterizos.
Artículo firmado por Beatriz de León Cobo, directora ejecutiva del think tank Instituto Español de Análisis Migratorio. Directora de una consultora independiente llamada Sic Transit Advisory; investigadora y analista especializada en seguridad, diplomacia, dinámicas políticas y sociales, análisis de conflictos y radicalización violenta en África Occidental y el Sahel.
Esta publicación en el blog de Casa África, EsÁfrica.es, ha sido financiada con cargo al proyecto “COMPASS” (1/MAC/4/7.2/0018), aprobado en el marco del programa de cooperación territorial INTERREG VI D MADEIRA-AZORES-CANARIAS, MAC 2021-2027, cofinanciado en un 85% con fondos FEDER
