En Senegal, el debate en torno a los derechos de las personas LGBTQ ha alcanzado un nuevo umbral con la aprobación, por parte de la Asamblea Nacional, de una ley destinada a endurecer la criminalización de la homosexualidad. La ley fue aprobada con 135 votos a favor, ninguno en contra y tres abstenciones, lo que pone de manifiesto el amplio consenso parlamentario en torno a esta medida. La ley refuerza las sanciones penales dirigidas no solo a las relaciones entre personas del mismo sexo, sino también a lo que ahora se califica como «promoción» o «apología» de la homosexualidad. Su adopción se produce en un contexto ya marcado por una serie de arrestos relacionados con presuntas relaciones entre personas del mismo sexo y por un endurecimiento del discurso público hacia las minorías sexuales.
En ciertos espacios políticos y mediáticos, esta votación fue celebrada como una victoria simbólica de la soberanía cultural frente a lo que se presenta como una influencia occidental. Sin embargo, para muchos observadores y para las personas directamente afectadas, este momento también está marcado por un sentimiento de rabia y duelo ante lo que parece un profundo retroceso de los principios de la dignidad humana. En un momento en que el mundo atraviesa fuertes tensiones geopolíticas y múltiples crisis, donde numerosas sociedades se enfrentan a nuevas formas de violencia imperial y a una inestabilidad global, varios Estados africanos, entre ellos Senegal, Ghana y Uganda, parecen hoy movilizar la retórica de la protección de los “valores africanos” para legitimar políticas de estigmatización y represión sobre sus propias poblaciones.
Esta dinámica viene acompañada de la exposición mediática de personas acusadas de homosexualidad y de discursos públicos que vinculan la cuestión LGBTQ con problemáticas de salud pública, especialmente en relación con el VIH. En varios casos, estos discursos socavan la confidencialidad médica, fomentan la denuncia pública y debilitan la presunción de inocencia. En conjunto, estas prácticas contribuyen a generar un clima de sospecha y miedo que trasciende el mero marco jurídico y participa en la creación de un pánico moral en el que ciertas vidas se convierten en objetivos simbólicos de un proyecto político más amplio.
Esta evolución resulta aún más llamativa si se tiene en cuenta que las fuerzas políticas actuales en el poder en Senegal se forjaron en una trayectoria marcada por la persecución política bajo los regímenes anteriores. Sin embargo, una vez en el poder, parecen ahora movilizar y extender lógicas de estigmatización similares, redirigiendo la atención pública hacia las minorías vulnerables. En este proceso, la retórica anti-LGBT se convierte en un instrumento de consolidación del poder populista, transformando la frustración social y económica en una cruzada moral e identitaria.
Esta iniciativa se inscribe en un clima político marcado por una fuerte retórica soberanista, en un contexto de crisis económica, en el que la defensa de los «valores culturales» se presenta como una respuesta a las presiones externas. El Gobierno afirma proteger las realidades socioculturales senegalesas frente a lo que se presenta como una imposición occidental. Sin embargo, este endurecimiento legislativo apunta a ciudadanos vulnerables sin abordar los desafíos estructurales del país: el desempleo juvenil, la gobernanza, la reforma institucional y la justicia social.
El proyecto de ley también ha suscitado el apoyo de numerosos actores del discurso antineocolonial en el África francófona. Por ejemplo, Nathalie Yamb, ciudadana camerunesa-suiza y exconsejera de Mamadou Koulibaly, expresidente de la Asamblea Nacional de Costa de Marfil, escribió en X: «El primer ministro senegalés, Ousmane Sonko, ha presentado un proyecto de ley que endurece la criminalización de la homosexualidad en Senegal. La promoción de la homosexualidad también será castigada con penas de entre 3 y 7 años de prisión. Quienes estén demasiado enfadados deberían emigrar a Costa de Marfil o a Europa».
Cada episodio de tensión en torno a las minorías sexuales es instrumentalizado como un espacio de intervención política en el que la defensa declarada de la soberanía cultural sirve para legitimar la hostilidad hacia las personas queer. Esta recurrencia no solo pone de manifiesto una postura ideológica explícita, sino también una estrategia política en la que la retórica anti-LGBT funciona como señal de autenticidad y como recurso de movilización populista. En los últimos años, África Occidental ha experimentado una fuerte intensificación de las movilizaciones anti-LGBTQI+, mientras actores políticos en países como Mali, Burkina Faso y Ghana han instrumentalizado la noción de «valores africanos» para deshumanizar a esta comunidad y justificar leyes discriminatorias severas. En 2024, la hostilidad institucional y la adopción de nuevas legislaciones provocaron un aumento de la violencia, explotando pánicos morales que desestabilizaron incluso a países históricamente tolerantes como Costa de Marfil.
Dos realidades pueden ser ciertas al mismo tiempo. La búsqueda de independencia económica, religiosa y cultural de África es legítima. Sin embargo, la intensificación de las legislaciones anti-LGBTQ en Senegal y en países como Burkina Faso no constituye una liberación. Se trata de una estrategia política que apunta a ciudadanos vulnerables mientras deja sin respuesta cuestiones fundamentales de gobernanza y desarrollo.
En todo el continente, la aspiración a la soberanía es real
Las sociedades africanas reivindican el derecho a definir sus propios modelos económicos, sus marcos morales y sus referencias culturales sin imposiciones externas. Esta reivindicación tiene sus raíces en una larga historia de dominación y en la persistente sensación de una independencia incompleta. Constituye un llamado a la dignidad y a la autodeterminación que debe ser tomado en serio. Sin embargo, la soberanía no puede reducirse al castigo. Y esta soberanía no debería limitarse a un nivel nacionalista abstracto; nos invita a cuestionar de qué manera se garantizan las libertades de cada individuo.
El endurecimiento de la legislación senegalesa sobre la homosexualidad no amplía la libertad económica. No reestructura las relaciones comerciales. Debilita las instituciones públicas y agrava el desempleo juvenil. No previene las tragedias migratorias ni reforma el sistema educativo. En cambio, aumenta las sanciones penales contra las personas queer y busca silenciar incluso lo que se califica como «apología»de la homosexualidad. No se trata de una transformación estructural, sino de una postura moral.
La contradicción se hace aún más evidente si se tienen en cuenta las declaraciones del primer ministro senegalés, Ousmane Sonko, quien reconoció públicamente en mayo de 2024 que la homosexualidad «siempre ha existido» en Senegal, al tiempo que afirmaba que, históricamente, se había «gestionado» de acuerdo con las realidades socioculturales del país. Este reconocimiento debilita el argumento recurrente de que la homosexualidad sería una importación exclusivamente occidental. Plantea una pregunta sencilla: si se reconoce que una realidad social ha estado presente históricamente, ¿sobre qué base se convierte de repente en una amenaza que hay que erradicar?
La paradoja es evidente. El Estado reconoce una presencia histórica al tiempo que refuerza la represión. Afirma una continuidad cultural mientras consolida un marco penal heredado del colonialismo francés. Se invoca la descolonización incluso cuando la arquitectura jurídica colonial se preserva y se refuerza. Se proclama la autenticidad mediante instrumentos normativos que no son de origen endógeno.
El vocabulario de la «gestión» también merece ser examinado. Hablar de «gestión» sugiere formas de regulación social, de negociación moral y de mecanismos comunitarios. La criminalización, en cambio, responde a una lógica punitiva y carcelaria. Transforma una realidad social en un delito penal. Sustituye la mediación social por la coacción estatal. Detrás del lenguaje de la tradición se percibe un giro hacia una represión jurídica codificada.
Es aquí donde la honestidad intelectual se vuelve fundamental
La honestidad intelectual exige coherencia. Si la homosexualidad siempre ha existido en Senegal y en el resto de África, si categorías sociales como los góor-jigéen (traducción literal del wolof: «hombre-mujer») forman parte de la historia local antes de convertirse en términos peyorativos, entonces no se puede afirmar al mismo tiempo que se trata de una desviación extranjera.
La investigación africana ha documentado en toda África Occidental, especialmente en Burkina Faso, Costa de Marfil, Mali, el norte de Nigeria y Senegal, la existencia de términos indígenas, a veces peyorativos, que designaban a personas que no se ajustaban al sistema binario de género (goorjigéén, tchié tè mousso tè, ‘yan daudu). Estos términos muestran que estas personas eran reconocidas y toleradas dentro de sus comunidades.
No se puede invocar la tradición para justificar una ley colonial. No se puede hablar de soberanía mientras se refuerza un marco penal heredado de un orden imperial. La criminalización de las identidades queer en África constituye una forma de mimetismo colonial. Los gobiernos africanos no se resisten a la influencia occidental: refuerzan precisamente la lógica carcelaria que dicen aplicar para «resolver» las complejidades sociales.
La honestidad intelectual exige decir la verdad incluso cuando molesta a nuestro propio bando. Implica reconocer que la diversidad sexual no destruye la africanidad; forma parte de ella. Exige reconocer que la criminalización no constituye una respuesta política a los retos económicos, institucionales y sociales. Requiere valor: el valor de rechazar la comodidad de un chivo expiatorio.
No obstante, sería ingenuo ignorar la dimensión estratégica de esta postura. La alineación pública reiterada de ciertos responsables políticos y figuras mediáticas con las olas antiqueer no responde únicamente a una convicción moral; forma parte de una lógica de construcción de influencia. En un contexto donde la hostilidad hacia las minorías sexuales resulta políticamente rentable, la retórica anti-LGBT se convierte en un capital simbólico. Consolida una base populista al transformar la frustración social en una cruzada identitaria.
Esta instrumentalización no es neutral
Genera apoyo, visibilidad y protagonismo mediático. Pero lo hace a costa de los africanos queer, cuya existencia se convierte en una herramienta retórica, una palanca de movilización y un sacrificio político dentro de una estrategia de consolidación personal.
Para los senegaleses queer, esta renovada movilización antiqueer agrava una situación ya precaria. Más allá de las categorías y los conceptos, hay vidas. Hay jóvenes que viven con el miedo constante a ser detenidos. Hay familias fracturadas por la vergüenza y la violencia simbólica. Hay cuerpos convertidos en campos de batalla ideológicos.
No se puede reivindicar la dignidad africana mientras se niega la de algunos de ellos. No se puede invocar la libertad colectiva mientras se priva a una minoría de la seguridad más elemental.
Ser antioccidental no basta para ser proafricano. Un proyecto verdaderamente proafricano exige lucidez, coherencia y responsabilidad. Implica enfrentar las contradicciones internas con la misma determinación con la que se enfrentan las presiones externas. Implica reconocer que la fuerza de un continente no reside en la exclusión, sino en su capacidad para integrar su propia complejidad.
El deseo de independencia es legítimo. Pero una soberanía basada en la exclusión sigue siendo frágil. Una soberanía basada en la honestidad y la justicia tiene posibilidades de perdurar.
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Artículo de Ballet Djedje, publicado en la web African Feminism redactado originalmente en inglés y francés y traducido por Casa África. Traducción: Berenice Jorge Pestana.